Nueva obligación de dictaminarse en actividades vulnerables. Análisis de la propuesta legislativa.

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Introducción

En julio de 2018, algunos diarios a nivel nacional denunciaron a través de la lupa del cuarto poder, prácticas inusuales que algunos bancos realizan en México, siendo éstas las de condicionar sus servicios financieros a que para continuar recibiendo el servicio, contraten servicios de auditoría que los mismos bancos sugieren.

A través de la difusión de un artículo hemerográfico, Darío Celis mencionó “Algunos clientes de estos bancos están siendo obligados a contratar estos servicios o, por el contrario, cancelan sus cuentas de manera unilateral. Estos bancos llegan al cinismo de “sugerir” costosísimos despachos fiscales y contables, de esos que cobran en dólares la hora, que los clientes deben contratar para tener “carta de buena conducta”, factura de por medio..,”[i]. De igual manera, otros diarios de circulación nacional sancionaron dicha conducta por parte de instituciones bancarias[ii].

Al respecto, la práctica que realizan las instituciones financieras no se encuentra regulada en la legislación aplicable; empero tiene una exigencia internacional difícil de soslayar.

Efectivamente, en el Documento “Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo – México[iii], elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT); en el rubro de acciones prioritarias, uno de los puntos fue el siguiente:

  • Mejorar la comprensión de las IF[iv] y APNFD[v] (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos de LA generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos, incluso mediante: (i) la profundización del análisis de corrupción como una amenaza de LA en la ENR[vi]; (ii) la solicitud a las entidades que determinen si el beneficiario final es una PEP[vii] y apliquen controles conforme a la norma; (iii) la extensión de los requisitos sobre las PEP a las APNFD, y (iv) la provisión de pautas sobre la evaluación de la gestión de riesgos asociados con las PEP nacionales[viii].

Es decir, a opinión del órgano evaluador, es necesario que los notarios, abogados y contadores, soliciten a las entidades quien es el beneficiario de las personas  jurídicas con las que tienen operaciones.

En ese sentido, las instituciones bancarias en México, como una medida para afrontar la poca actividad en el combate al lavado de activos, obligaron a sus usuarios a contratar despachos especializados en aspectos financieros.

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